4 Propuestas clave de Lasso sobre Derechos Humanos

Posted on marzo 3, 2017

1



En un post anterior, expliqué por qué voto por Lasso. Ahora, inicio una serie de posts profundizando mis motivos en base a propuestas puntuales que Guillermo Lasso ha realizado públicamente o se encuentran en su plan de gobierno. El tema Derechos Humanos es a mi criterio el más importante, porque ha sido el área más pisoteada en 10 años de correismo. Lamentablemente, estos temas no se tratan con la profunidad que merecen en campaña, debido a que son temas de poco interés para el electorado masivo y los medios de comunicación (así es, al ecuatoriano promedio y la prensa promedio le importan muy poco estos temas, en buena medida por eso estamos donde estamos). Aún así, que sea esta  una oportunidad para profundizar en 4 aspectos de enorme importancia.

1.- La consulta previa libre e informada a las comunidades será vinculante.

Esta propuesta empezó a tratarse con miembros de Compromiso Ecuador como Fanny Campos, ex presidenta de Pachakutik y es parte del compromiso que firmó Guillermo Lasso con Yasunidos. La consulta vinculante sería un avance enorme en materia de Derechos Humanos en el país. Para comprender el alcance de esta propuesta, hay que revisar brevemente el contexto de lo que ha ocurrido en Ecuador en los últimos 10 años.

El marco jurídico local e internacional, obliga a Estados como el ecuatoriano a realizar una consulta a las comunidades que estén en el área de influencia de proyectos extractivos. El problema es que bajo el marco legal actual, el Estado ecuatoriano no tiene la obligación de que esa consulta sea vinculante. Es decir, el gobierno consulta, pero puede actuar ignorando la opinión de las comunidades. Estos conceptos se conocen como consulta y consentimiento. Actualmente, el Estado ecuatoriano tiene la obligación de consultar, pero puede proceder sin el consentimiento de las comunidades.

En la última década, La Consulta Previa Libre e Informada ha sido un mecanismo distorsionado por el correismo, aplicándose de manera incompleta y hasta como forma de chantaje. El gobierno ha llegado a comunidades con un falso dilema: o aceptas un proyecto extractivista o serás pobre. Esa ha sido la “información” que han circulado. Este discurso plantea un falso dilema, ya que las comunidades (en su mayoría indígenas) pueden explorar decenas de alternativas económicas sostenibles para explotar su territorio y vivir dignamente de él, sin afectar de manera irreversible los recursos naturales en su territorio. Correa no ha impulsado consultas “libres e informadas”, porque su móvil ha sido imponer.

La consulta inconsulta:

Consulta previa Perú

Una Consulta Libre e Informada supone preguntarle a la gente si desea o no actividades extractivas en su territorio, poniendo a su disposición todos los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión – valga la redundancia – informada. ¿Cómo afectará el proyecto las fuentes de agua de esa zona? ¿Qué pasivos ambientales se generarán? ¿Cómo cambiará la dinámica social y económica de esa región?, entre muchas otras preguntas.  Si la consulta es “libre” presupone que se realizará sin presiones políticas y en un marco de absoluto respeto, sin chantajes. Eso no ha ocurrido. Basta ver los perseguidos políticos en Intag y otros proyectos mineros para comprobar que se ha ignorando la voluntad de las comunidades.

Acoso a Intag. Pocho Alvarez:

En ese contexto, la propuesta de Guillermo Lasso es hacer de la consulta, vinculante. Es decir, complementar el concepto de consulta con el de consentimiento, devolviéndole a la Consulta Previa su razón de ser. Esto, no presupone una postura anti extractivismo o pro extractivistmo. Presupone un compromiso firme con el derecho internacional, devolviendo el legítimo derecho a las comunidades a elegir sobre su destino, sin chantajes ni presiones políticas.

2.- Derogar el decreto 16

La tarde del 4 de diciembre de 2013, se disolvió a la Fundación Pachamama, organización civil que defendía la conservación del medio ambiente y una de las más activas en la protección del Yasuní. Así, Rafael Correa puso en práctica el decreto 16. ¿Qué delito cometió Pachamama? Apoyar a grupos indígenas que se oponían a la concesión de nuevos bloques petroleros al sur de la Amazonía ecuatoriana.

El Decreto 16 establece un marco legal absolutamente abierto a la interpretación de las autoridades, simplemente se cita la “injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando la paz pública” para que los funcionarios del Estado actúen sin ningún proceso previo, ni las organizaciones tengan la más mínima oportunidad de defenderse. Se ordena el cierre y se cierra, aunque ello al final del día viole garantías establecidas en la misma Constitución para la organización ciudadana.

Lasso propone derogar ese decreto en los primeros días de su gobierno, sacando las manos del Estado de la organización civil. Esta propuesta también forma parte del compromiso que firmó Lasso con Yasunidos.

3.- Indultar a perseguidos políticos, detener la criminalización de la protesta.

En la asamblea constituyente de 2008, se concedió amnistía a cientos de personas condenadas por participar en protestas públicas, admitiendo explícitamente que la criminalización de la protesta social era una práctica común en Ecuador. El informe que sustentó dichas amnistías admitió que se había utilizado la justicia como “instrumento de persecución a líderes sociales”, entre otras cosas.

Después de la Asamblea Constituyente, el gobierno continúo las prácticas de criminalización a la protesta social y en muchos casos, hasta se radicalizó. Cientos de nuevos casos de uso desproporcionado de derecho penal para sancionar y silenciar a manifestantes han sido documentados en los últimos años por CEDHU, INREDH, Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

A estos informes, se han sumado pronunciamientos de la CIDH y la ONU: al menos cuatro relatores especiales, el consejo de DDHH y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han recomendado al gobierno abstenerse de sancionar la protesta pacífica.

En Agosto de 2014, entró en vigencia el COIP y no representa salvaguarda para garatizar el libre ejercicio a la protesta social. Por el contrario, el COIP ha sido una herramienta eficaz para criminalizar la protesta, justamente por la ambigüedad de muchos de sus artículos y subjetividad a la hora de su aplicación.

Guillermo Lasso propone detener la persecución a todo aquel que haya sido perseguido por publicar opiniones, mantener posturas críticas o protestar pacíficamente en los últimos 10 años. Desde el ejecutivo, tendrán que impulsarse reformas en el COIP en artículos llenos de subjetividades para su aplicación.

 4.- Consulta para derogar “enmiendas” constitucionales

Durante 2015 y 2016, fue pública la oposición de Lasso a la reforma constitucional que permite la reelección indefinida. Sin embargo, en el paquete de reformas, la aplanadora de Alianza País en la Asamblea realizó otra reforma menos cuestionada pero más peligrosa desde la perspectiva de DDHH:

Texto anterior Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. (…)

Texto Nuevo Art. 158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. (…)

La sutil modificación en el texto constitucional abre la puerta para que las FFAA apoyen a la Policía Nacional en lo que el artículo llama “seguridad integral del Estado”. Esto podría implicar el uso de FFAA para vigilar o reprimir la protesta social. Lo potencialmente grave, es que las FFAA no son entrenadas ni formadas para este tipo de actividades, sino para la guerra. Cualquier gobernante autoritario tendría la puerta abierta para acudir a ellas y generar una confrontación con la ciudadanía, como efectivamente ha ocurrido durante el correismo. Ningún Estado moderno y democrático abre la puerta a posibilidades como esta.

Guillermo Lasso propone una consulta popular que derogue estas enmiendas, que incluyen otros criterios anti democráticos como la reelección indefinida.

Imagen portada: Milton Castillo, integrante de compromiso Ecuador, agredido por fuerzas policiales durante una protesta en Quito.

Anuncios