¿Qué haría usted con 90 millones?

Creo que esa es la pregunta que nadie le ha hecho a Correa. ¿Qué haría con los 90 millones de dólares si gana los juicios? Se me destapa el coco de solo pensarlo. Tanto que se puede hacer! Se puede hacer todo, mejor dicho. No hay límites. Esto, en el supuesto de que los jueces determinen que el Presidente tiene razón y el monto exigido es acorde al “daño moral” causado por los autores del libro GRAN HERMANO y por El Diario El Universo, sus directivos y Emilio Palacio. En español: Correa le chanta a Calderón y Zurita 10 millones por publicar las palabras de Fabricio y 80 millones a El Universo por publicar un artículo de Emilio Palacio. El mayor insultador de este país, el que se ha pasado 4 años injuriando a quien no le agache el lomo, hoy se siente ofendido. And he wants money! Suficiente como para construirse el puente Bahía-San Vicente en el patio de su casa. Así de goloso está.

El problema no son las ambiciones del Presidente. El está en su derecho de demandar a quien considere que le ha hecho daño y, en democracia, un tribunal de justicia debería darle o no la razón. El problema es que este Presidente está a pocos meses de meterle mano a la misma justicia que se encargará de juicios como éste. El problema es que DUDO que un juez actúe de forma independiente si su cargo es dependiente del tipo a quien está juzgando. Elemental conflicto de intereses. Elemental violación a un principio democrático: INDEPENDENCIA DE PODERES.

Pero hay más: Correa recientemente ha usado recursos del Estado para atacar a quienes demanda en un proceso de carácter PERSONAL. Los recursos empleados son 2: (1) video producido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SECOM) y (2) los espacios de la Presidencia empleados para difundir ese video en medios masivos. El uso de recursos públicos con fines personales se llama PECULADO y es un delito penal. El país fue testigo de esta cadena, donde se usan recursos públicos con fines personales. ¿A alguien le importa? ¿Algún órgano de control actuó de oficio? Obvio que no, ya sabemos quien controla los órganos de control. Acá está el video, que se presta también para analizar y desglosar el mecanismo de propaganda y manipulación de la SECOM. De acuerdo al video, esta frase en el libro GRAN HERMANO, sería una de las razones para demandar a los periodistas: “El Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano”. Vean cómo lo muestra el video:

Ya lo vieron. Ahora pongan pausa en el minuto con 21 segundos. Allí podrán leer el texto completo, y no solo la oración del segundo párrafo. El texto completo es el siguiente:

“El Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano. Fabricio Correa Delgado lo reconoció y argumentó su afirmación al mencionar una conversación que mantuvo con el primer mandatario (…)”

Ah! ¿Notan la trampa? La oración que procede a la primera dice que esa afirmación fue de Fabricio Correa:

“Fabricio Correa Delgado reconoció y argumentó su afirmación”.

¿A qué afirmación se refiere esta oración? A la primera: “El Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano”. Si bien la redacción del párrafo no es la mejor, basta tener algo de sentido común para notar claramente que la afirmación es de Fabricio, no de los periodistas. Y también hay que tener un poco de sentido común para entender por qué la SECOM publica únicamente la primera oración, descontextualizándola. Y estos mismos de la SECOM son los que viven hablando de información OPORTUNA, VERAZ Y CONTEXTUALIZADA. Obviamente, no practican lo que predican. Y ustedes saben cuál es el término para quien dice una cosa y hace otra.

Retomando: además de lo que parece un acto de peculado, estamos ante un video que distorsiona los hechos para falsear la verdad. El objetivo del video, es convencer a los espectadores que el libro afirma que Rafael conocía los contratos de su hermano, cuando en realidad lo afirma Fabricio y el libro lo cita. Obviamente, NO ES LO MISMO NI ES IGUAL. El demandado en este caso, debió ser Fabricio. Pero Rafael ya reconoció que por respeto a su madre no demandará a su hermano. Comprensible. ¡Pero tampoco le chante las cagadas de su familia al periodista que lo denuncia!

Más adelante en el mismo video, nos encontramos con algo similar: Una entrevista a Juan Carlos Calderón EDITADA en donde se toma una sola frase “me atrevo a afirmar que el presidente sabía”. ¿Sabía qué? No lo sabemos, porque la entrevista está editada. En todo caso, suponiendo que se refiere a los contratos de Fabricio, Calderón da una opinión personal basada en una investigación. Dicha opinión, no es una acusación. Recordemos que el mismo Rafael Correa DEFENDIO los contratos de su hermano durante dos semanas luego de publicada la investigación periodística. No les suena aquella frase de ¿“demuéstrenme donde se ha perjudicado al Estado”?. La dijo Rafael con respecto a los contratos de su hermano. Si Rafael fue el primero en defender la legalidad de los contratos de Fabricio, ¿por qué ha de entenderse que la frase de Calderón es una acusación, daño a la moral o injuria? Y lo más importante: ¿vale esta afirmación del periodista 10 millones de dólares? Por donde se lo mire: NO. En fin: lo determinará el juez que ponga Correa (seguro estoy que gana el SI).

Correa también demandó, a título personal, a Diario el Universo, sus directivos y a Emilio Palacio por un artículo de Palacio. Pueden leer la demanda acá. Esta vez, el Presidente pide 80 millones de dólares. Correa apunta alto y quiere ser uno de los hombres más ricos del país. Ah! Cómo me gustaría saber qué piensa hacer con esa plata! Prefiero no elucubrar, para no desviarme.

La demanda de Correa al Universo empieza así: “La opinión pública debe saber que…” y pasa a hacer una serie de afirmaciónes sobre la línea editorial del diario y sus dueños. No soy abogado, pero me parece muy extraño que una demanda de este tipo empiece dirigiéndose a la opinión pública para luego afirmar una serie de subjetividades: que ningún editorialista puede publicar nada que vaya contra las políticas del diario, que hay personas que se escudan detrás del nombre de la compañía, que el único afán de los editorialistas es mancillar “mi buen nombre”, que la “barbaridad” de los querellados, que ni él ni “el pueblo ecuatoriano” perdonarán “jamás” las mentiras del diario respecto al 30S, etc etc. Léanlo. La demanda inicia como el libreto de una cadena sabatina y aunque, insisto, no soy abogado y puedo pecar de ignorante en este caso, ninguno de esos argumentos tiene valor jurídico porque son opiniones del Presidente. Por supuesto, la demanda luego desarrolla lo que considera el daño moral. Pero a todas luces, es un documento que empieza como un panfleto político dirigido a la “opinión pública”. ¿Se trata de un documento serio? No lo sé. Lo determinarán los jueces que ponga Rafael.

Ahora estoy esperando el video de la SECOM atacando a Emilio Palacio y El Universo. Sería otro presunto peculado. Y sería la segunda vez, seguro estoy, que no pase nada. Creo que nos hemos acostumbrado a que, literalmente, estos recursos del Estado se usen a conveniecia, llegando al punto de usarlos para temas personales del Presidente. Y como somos animales de costumbre, perdimos la capacidad de indignarnos. E incluso, como somos animales domesticables, algunos aplauden la hazaña o, en el mejor de los casos, miran para otro lado.

Sobre esta demanda, Eduardo Bertoni, Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo y Ex-Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, se pronunció. Su posición es mucho más valiosa que cualquier cosa que yo pueda agregar. Cito su texto a continuación y les dejo con la pregunta: ¿qué harían ustedes con 90 millones de dólares? Contesten en los comentarios.

 

Un Retroceso Para La Democracia

Eduardo Bertoni

Cuando la máxima autoridad de un Estado (un presidente) utiliza el máximo mecanismo de control social (el derecho penal) como herramienta para defenderse de expresiones vertidas por la prensa, la primera reacción que debemos tener en un estado democrático es ponernos en alerta. Sin perjuicio del buen gusto o mal gusto de lo publicado, más allá que estemos o no de acuerdo con lo que se afirma, lo que es seguro es que un presidente de un país tiene todas las herramientas a su alcance para defender su posición públicamente y ante la opinión pública sin necesidad de acudir al garrote estatal que presupone el derecho penal. Es por ello que la actitud del Presidente Correa al iniciar querella penal contra periodistas de El Universo no se compadece con la actitud tolerante a la crítica –incluso cuando pueda sentirse que ha cruzado algunos límites- que debe tener un Jefe de Estado en una sociedad democrática.

Estas apreciaciones no son nuevas en el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana ha expresado en reiteradas sentencias que “…las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención [Americana de Derechos Humanos], de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático. Para la Corte, “…el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.”.

En el caso “Eduardo Kimel vs. Argentina” –sentencia del 2008- la Corte dijo que “…el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.”

Tampoco estos criterios son nuevos para las judicaturas y legislaturas de varios países latinoamericanos. Sólo bastaría recordar que al enviar al Congreso Argentino la reforma despenalizando delitos de calumnias e injurias, la Presidenta de Argentina Cristina Fernandez de Kirchner explicó que “aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o que no son ciertas, yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática.”

En definitiva, la acción penal iniciada por el Presidente Correa puede, a la luz de los argumentos aquí expuestos, ser tildada, cuanto menos, de contraria a los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esa misma actitud, pone en serio riesgo a todo el Estado Ecuatoriano que, de ser llevado a juicio ante instancias internacionales, podría ser condenado por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, por si fuera poco, en caso de una condena al Estado, no será el Presidente Correa quien deba pagar las reparaciones que se adjudiquen a quienes sean las víctimas de la violación, sino que los fondos necesarios para ello serán pagados con fondos públicos, es decir, por toda la sociedad. El Presidente debería, más allá de entenderse su molestia por lo publicado, reflexionar sobre la utilización del derecho penal que está dando en este caso.

 

 

 



 

¿Qué haría usted con 90 millones?

 

Creo que esa es la pregunta que nadie le ha hecho a Correa. ¿Qué haría con los 90 millones de dólares si gana los juicios? Se me destapa el coco de solo pensarlo. Tanto que se puede hacer! Se puede hacer todo, mejor dicho. No hay límites. Esto, en el supuesto de que los jueces determinen que el Presidente tiene razón y el monto exigido es acorde al “daño moral” causado por los autores del libro GRAN HERMANO y por El Diario El Universo, sus directivos y Emilio Palacio. En español: Correa le chanta a Calderón y Zurita 10 millones por publicar las palabras de Fabricio y 80 millones a El Universo por publicar un artículo de Emilio Palacio. El mayor insultador de este país, el que se ha pasado 4 años injuriando a quien no le agache el lomo, hoy se siente ofendido. And he wants money! Suficiente como para construirse el puente Bahía-San Vicente en el patio de su casa. Así de goloso está.

 

El problema no son las ambiciones del Presidente. El está en su derecho de demandar a quien considere que le ha hecho daño y, en democracia, un tribunal de justicia debería darle o no la razón. El problema es que este Presidente está a pocos meses de meterle mano a la misma justicia que se encargará de juicios como éste. El problema es que DUDO que un juez actúe de forma independiente si su cargo es dependiente del tipo a quien está juzgando. Elemental conflicto de intereses. Elemental violación a un principio democrático: INDEPENDENCIA DE PODERES.

 

Pero hay más: Correa recientemente ha usado recursos del Estado para atacar a quienes demanda en un proceso de carácter PERSONAL. Los recursos empleados son 2: (1) video producido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (SECOM) y (2) los espacios de la Presidencia empleados para difundir ese video en medios masivos. El uso de recursos públicos con fines personales se llama PECULADO y es un delito penal. El país fue testigo de esta cadena, donde se usan recursos públicos con fines personales. ¿A alguien le importa? ¿Algún órgano de control actuó de oficio? Obvio que no, ya sabemos quien controla los órganos de control. Acá está el video, que se presta también para analizar y desglosar el mecanismo de propaganda y manipulación de la SECOM. De acuerdo al video, esta frase en el libro GRAN HERMANO, sería una de las razones para demandar a los periodistas: “El Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano”. Vean cómo lo muestra el video:

 

 

 

 

Ya lo vieron. Ahora pongan pausa en el minuto con 21 segundos. Allí podrán leer el texto completo, y no solo la oración del segundo párrafo. El texto completo es el siguiente:

 

“El Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano. Fabricio Correa Delgado lo reconoció y argumentó su afirmación al mencionar una conversación que mantuvo con el primer mandatario (…)”

 

Ah! ¿Notan la trampa? La siguiente oración que procede a la primera dice que esa afirmación fue de Fabricio Correa:

 

“Fabricio Correa Delgado reconoció y argumentó su afirmación”.

 

¿A qué afirmación se refiere esta oración? A la primera: “El Presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano”. Si bien la redacción del párrafo no es la mejor, basta tener algo de sentido común para notar claramente que la afirmación es de Fabricio, no de los periodistas. Y también hay que tener un poco de sentido común para entender por qué la SECOM pública únicamente la primera oración, descontextualizándola. Y estos mismos de la SECOM son los que viven hablando de información OPORTUNA, VERAZ Y CONTEXTUALIZADA. Obviamente, no practican lo que predican. Y ustedes saben cuál es el término para quien dice una cosa y hace otra.

 

Retomando: además de lo que parece un acto de peculado, estamos ante un video que distorsiona los hechos para falsear la verdad. El objetivo del video, es convencer a los espectadores que el libro afirma que Rafael conocía los contratos de su hermano, cuando en realidad lo afirma Fabricio y el libro lo cita. Obviamente, NO ES LO MISMO NI ES IGUAL. El demandado en este caso, debió ser Fabricio. Pero Rafael ya reconoció que por respeto a su madre no demandará a su hermano. Comprensible. ¡Pero tampoco le chante las cagadas de su familia al periodista que lo denuncia!

 

Más adelante en el mismo video, nos encontramos con algo similar: Una entrevista a Juan Carlos Calderón EDITADA en donde se toma una sola frase “me atrevo a afirmar que el presidente sabía”. ¿Sabía qué? No lo sabemos, porque la entrevista está editada. En todo caso, suponiendo que se refiere a los contratos de Fabricio, Calderón da una opinión personal basada en una investigación. Dicha opinión, no es una acusación. Recordemos que el mismo Rafael Correa DEFENDIO los contratos de su hermano durante dos semanas luego de publicada la investigación periodística. No les suena aquella frase de ¿“demuéstrenme donde se ha perjudicado al Estado”?. La dijo Rafael con respecto a los contratos de su hermano. Si Rafael fue el primero en defender la legalidad de los contratos de Fabricio, ¿por qué ha de entenderse que la frase de Calderón es una acusación, daño a la moral o injuria? Y lo más importante: ¿vale esta afirmación del periodista 10 millones de dólares? Por donde se lo mire: NO. En fin: lo determinará el juez que ponga Correa (seguro estoy que gana el SI).

 

Correa también demandó, a título personal, a Diario el Universo, sus directivos y a Emilio Palacio por un artículo de Palacio. Pueden leer la demanda acá. Esta vez, el Presidente pide 80 millones de dólares. Correa apunta alto y quiere ser uno de los hombres más ricos del país. Ah! Cómo me gustaría saber qué piensa hacer con esa plata! Prefiero no elucubrar, para no desviarme.

 

La demanda de Correa al Universo empieza así: “La opinión pública debe saber que…” y pasa a hacer una serie de afirmaciónes sobre la línea editorial del diario y sus dueños. No soy abogado, pero me parece muy extraño que una demanda de este tipo empiece dirigiéndose a la opinión pública para luego afirmar una serie de subjetividades: que ningún editorialista puede publicar nada que vaya contra las políticas del diario, que hay personas que se escudan detrás del nombre de la compañía, que el único afán de los editorialistas es mancillar “mi buen nombre”, que la “barbaridad” de los querellados, que ni él ni “el pueblo ecuatoriano” perdonarán “jamás” las mentiras del diario respecto al 30S, etc etc. Léanlo. La demanda inicia como el libreto de una cadena sabatina y aunque, insisto, no soy abogado y puedo pecar de ignorante en este caso, ninguno de esos argumentos tiene valor jurídico porque son opiniones del Presidente. Por supuesto, la demanda luego desarrolla lo que considera el daño moral. Pero a todas luces, es un documento que empieza como un panfleto político dirigido a la “opinión pública”. ¿Se trata de un documebnto serio? No lo sé. Lo determinarán los jueces que ponga Rafael.

 

Ahora estoy esperando el video de la SECOM atacando a Emilio Palacio y El Universo. Sería otro presunto peculado. Y sería la segunda vez, seguro estoy, que no pase nada. Creo que nos hemos acostumbrado a que, literalmente, estos recursos del Estado se usen a conveniecia, llegando al punto de usarlos para temas personales del Presidente. Y como somos animales de costumbre, perdimos la capacidad de indignarnos. E incluso, como somos animales doesticables, algunos incluso aplauden la hazaña o, en el mejor de los casos, miran para otro lado.

 

Sobre esta demanda, Eduardo Bertoni, Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo y Ex-Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, se pronunció. Su posición es mucho más valiosa que cualquier cosa que yo pueda agregar. Cito su texto a continuación y les dejo con la pregunta: ¿qué harían ustedes con 90 millones de dólares? Contesten en los comentarios.

 

Un Retroceso Para La Democracia

 

Eduardo Bertoni

 

Cuando la máxima autoridad de un Estado (un presidente) utiliza el máximo mecanismo de control social (el derecho penal) como herramienta para defenderse de expresiones vertidas por la prensa, la primera reacción que debemos tener en un estado democrático es ponernos en alerta. Sin perjuicio del buen gusto o mal gusto de lo publicado, más allá que estemos o no de acuerdo con lo que se afirma, lo que es seguro es que un presidente de un país tiene todas las herramientas a su alcance para defender su posición públicamente y ante la opinión pública sin necesidad de acudir al garrote estatal que presupone el derecho penal. Es por ello que la actitud del Presidente Correa al iniciar querella penal contra periodistas de El Universo no se compadece con la actitud tolerante a la crítica –incluso cuando pueda sentirse que ha cruzado algunos límites- que debe tener un Jefe de Estado en una sociedad democrática.

 

Estas apreciaciones no son nuevas en el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana ha expresado en reiteradas sentencias que “…las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la Convención [Americana de Derechos Humanos], de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático. Para la Corte, “…el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.”.

 

En el caso “Eduardo Kimel vs. Argentina” –sentencia del 2008- la Corte dijo que “…el Derecho Penal es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. La tipificación amplia de delitos de calumnia e injurias puede resultar contraria al principio de intervención mínima y de ultima ratio del derecho penal. En una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado.”

 

Tampoco estos criterios son nuevos para las judicaturas y legislaturas de varios países latinoamericanos. Sólo bastaría recordar que al enviar al Congreso Argentino la reforma despenalizando delitos de calumnias e injurias, la Presidenta de Argentina Cristina Fernandez de Kirchner explicó que “aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras o que no son ciertas, yo prefiero mil millones de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática.”

 

En definitiva, la acción penal iniciada por el Presidente Correa puede, a la luz de los argumentos aquí expuestos, ser tildada, cuanto menos, de contraria a los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esa misma actitud, pone en serio riesgo a todo el Estado Ecuatoriano que, de ser llevado a juicio ante instancias internacionales, podría ser condenado por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y, por si fuera poco, en caso de una condena al Estado, no será el Presidente Correa quien deba pagar las reparaciones que se adjudiquen a quienes sean las víctimas de la violación, sino que los fondos necesarios para ello serán pagados con fondos públicos, es decir, por toda la sociedad. El Presidente debería, más allá de entenderse su molestia por lo publicado, reflexionar sobre la utilización del derecho penal que está dando en este caso.

 

 

 

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